Galicia en la Europa de las regiones: el Fondo Social Europeo

 

El estudio del Fondo Social Europeo (FSE) en la región gallega es necesario encuadrarlo en la doble dimensión del contexto supranacional, en el que se articula este instrumento de la política social comunitaria, y en el marco de la Europa de las regiones en el que se integra Galicia.

En el primer apartado de este artículo se analiza el desarrollo de la política de cohesión económica y social que ha venido aplicando la Comunidad Europea desde sus comienzos y que va a transformar las actuaciones dispares de los Fondos Estructurales en una política de cohesión, condicionada por las sucesivas incorporaciones de nuevos países y las diferencias de renta entre las regiones. Esta política de cohesión económica y social va a ser el resultado de la creciente atención comunitaria hacia las diferencias regionales.

En segundo lugar, el papel que ha tenido el FSE en Galicia, exige un acercamiento a cuestiones mucho más concretas, por un lado, a la situación de partida que caracteriza a nuestra región respecto al resto de las regiones nacionales y europeas, y por otro, a la evolución del empleo gallego, en la medida que el FSE es un instrumento comunitario cuya acción va dirigida principalmente a las políticas de empleo.

Política de cohesión económica y social y política regional comunitaria son los pilares en los que se asienta el FSE en su actuación.

 

1. Camino hacia la cohesión económica y social de las regiones europeas

Cuando en 1957 seis países europeos (Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, y Luxemburgo) firman en Roma el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (TCEE) tenían como objetivo fundamental la creación de un Mercado Común y una aproximación progresiva de las políticas económicas de los Estados miembros. La consecución de estos objetivos conlleva el establecimiento del FSE que es uno de los Fondos Estructurales de la Unión. Este fondo creado en 1958 -único fondo comunitario instituido en el Tratado fundacional de la CEE, los demás son posteriores- ha sido sin duda la principal medida comunitaria llevada a cabo para paliar los problemas de desempleo derivados de la misma construcción europea. Su existencia se reconoce ya en el artículo 3 del TCEE como vía para cumplir los objetivos económico-sociales de la Comunidad:

...la acción de la Comunidad llevará consigo, en las condiciones y según el ritmo previsto en el presente Tratado:... i) La creación de un Fondo Social Europeo, con objeto de mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores y contribuir a la elevación de su nivel de vida y las relaciones más estrechas entre los Estados que la integran.

Los redactores del Tratado de Roma no hicieron una referencia directa a la Política Regional, aunque si manifestaron en su Preámbulo la voluntad de reducir las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas, eso sí desde una perspectiva que alcanzaba en exclusiva al ámbito económico. Esta actitud era consecuencia de los temores presentados por los Estados, que no deseaban ver a las instancias comunitarias interferir en sus políticas internas.

En un primer momento será Italia el Estado miembro que más se beneficie de la excelente coyuntura económica imperante en la comunidad hasta 1973, así como de los efectos inmediatos de la integración (Tamames, 1999: 466). A pesar de ello, uno de los grandes déficits de la integración europea desde sus comienzos fue la dimensión social. De tal forma, aunque en el Tratado de Roma podemos encontrar disposiciones sociales, no se puede ignorar que su "principal meta, su único y verdadero objetivo fue de orden económico y consistió en la creación de un mercado común europeo" (Pérez de los Cobos, 1994:19).

En los años 70 fruto de la crisis económica del petróleo se produce en la Comunidad un deterioro de la situación de las cifras de empleo, con especial incidencia en los jóvenes y las regiones menos desarrolladas. Como consecuencia del incremento en las cifras de paro, el Consejo Europeo de Bremen de 1978 requirió acciones a este respecto que se van a concretar con la introducción de una serie de cambios que afectan al Fondo Social Europeo. Es el reflejo de la atención creciente a las diferencias regionales existentes en una Comunidad ya de nueve Estados miembros. Fruto de ello es el establecimiento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 1975, que se va a constituir como el más importante de los instrumentos estructurales para la aplicación de la política regional y la reducción de las desigualdades.

El Acta Única Europea (AUE) supone un paso importante en esta atención al desarrollo regional. Los países menos desarrollados de la Comunidad eran conscientes de que el objetivo propuesto por el AUE de un mercado común sin fronteras tendría efectos negativos en las regiones menos desarrolladas -Grecia e Irlanda y, tras la ampliación, España y Portugal-. Para hacer frente a estos problemas, la Comisión propuso la transformación de las actuaciones desarrolladas por cada uno de los Fondos en una política de "cohesión económica y social", que va a desarrollar en cinco artículos (arts. 130A y sigs.). Sin embargo, no existe en el texto del AUE una definición explícita del concepto de cohesión. A falta de ello, la doctrina entiende "por cohesión económica y social en el proceso de integración europea aquella solidaridad financiera entre los estados miembros que trata de tener en cuenta la riqueza relativa de los países a la hora de determinar la política de ingresos y gastos de la CEE" (Jiménez La Torre, 1992). Este concepto va a suponer la principal innovación incorporada por el AUE al TCEE con la intención de promover el desarrollo armónico del conjunto de los países miembros, y en particular de reducir las diferencias y el retraso de regiones menos desarrolladas de la Comunidad, convirtiéndose la cohesión a partir de entonces en una política prioritaria en Europa.

El ingreso de España y Portugal va a ser la principal causa de la reforma de 1989 que va a afectar Fondos Estructurales. Los aspectos más significativos de esta reforma son el importante incremento de los recursos, la integración de la acción de todos los Fondos y la concentración de las intervenciones en las zonas que sufren en mayor medida las consecuencias de un retraso en el desarrollo, a través de la confluencia de los Fondos en cinco objetivos, que fueron los siguientes:

Objetivo n.1, fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas (comprende las regiones cuyo PIB per cápita es inferior al 75% de la media comunitaria);

Objetivo n.2, reconvertir las zonas gravemente afectadas por el declive industrial (aquéllas con una tasa media de paro superior a la media comunitaria, un porcentaje de empleo industrial igual o superior a dicha media y una disminución comprobada del empleo industrial);

Objetivo n. 3, combatir el paro de larga duración;

Objetivo n. 4, facilitar la inserción profesional de los jóvenes;

Objetivo n. 5, en la perspectiva de reforma política agraria común distingue dos tipos de acciones: a) acelerar la adaptación de las estructuras agrarias y b) fomentar el desarrollo de las zonas rurales (comprende las zonas rurales no incluidas en las regiones del Objetivo n 1).

A estos hay que añadir el objetivo 6 (tras la adhesión de Austria, Suecia y Finlandia) cuyo fin es contribuir al desarrollo de las regiones de baja densidad de población. Los objetivos 1, 2, 5b y 6 están limitados geográficamente a las regiones desfavorecidas, mientras que los objetivos núm. 3 y 4 tienen aplicación en todo el territorio de la UE.

Esta nueva política de cohesión aunque tiene como fin inmediato reducir las desigualdades territoriales de la Unión Europea, su objetivo de mayor alcance será el institucionalizar los principios clave del capitalismo regulado en Europa. A este respecto Hooghe y Marks caracterizan a la política de cohesión a partir de 1988 como "base del proyecto anti-neoliberal" (Hooghe y Marks, 1999: 201).

Maastricht va a marcar, sin duda, una fecha clave en la construcción europea, supone una apuesta decisiva a favor de la integración. El aspecto primordial de la reforma de Maastricht va a ser la Unión Económica y Monetaria, con una serie de objetivos de convergencia económica de los distintos Estados miembros, que aunque no voy a desarrollar en este artículo, sí es necesario observar que este contexto va afectar de una manera directa al desarrollo de las distintas políticas nacionales.

La negociación del capítulo relativo a la "cohesión económica y social" (Varios, 1994), fue especialmente complicada. Fruto de la iniciativa de la delegación española y objeto de duras críticas por el resto de los países comunitarios (con la excepción de Grecia, Portugal e Irlanda) la propuesta española ponía de manifiesto la necesidad de reforzar la ayuda económica de la Comunidad a los países más pobres (España, Grecia, Portugal e Irlanda) mediante medidas tales como: modificación en la gestión de los Fondos, creación de un nuevo fondo, el Fondo de cohesión, y cambios en el sistema de financiación comunitario. Tesis que acabará por imponerse en la redacción del Tratado en materia de "cohesión económica y social" (Parlamento Europeo, 1997).

El nuevo Tratado para Europa, el Tratado de Amsterdam, firmado en junio del 97 aunque no conllevará cambios substanciales, sí es necesario destacar que entre los grandes objetivos propuestos en él figura que el empleo y los derechos de los ciudadanos sean el eje de la Unión (Azahola, 1994). La política de empleo ha pasado, así, a ocupar un lugar preeminente en la agenda europea (Gomis, 1999). En este sentido los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Berlín en marzo de 1999, llegaron a un acuerdo global sobre la llamada Agenda 2000 que constituye el marco de referencia de las políticas de la Unión para el período 2000-2006. Esta acuerdo prevé un incremento del presupuesto destinado a medidas estructurales con el fin de mantener el esfuerzo global en favor de la cohesión económica y social. A este respecto, se ha producido una concentración de la actuación de los Fondos estructurales en las regiones con mayores necesidades y una reducción de los Objetivos prioritarios de los Fondos a tres:

Objetivo n.1, promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, regiones con PIB inferior al 75 por ciento de la media, las regiones ultraperiféricas y las regiones que pueden optar al Objetivo 6 (reciben la mayor parte de todos los fondos 69,7%).

Objetivo n.2, apoyar la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias estructurales (agruparía los actuales 2 y 5b) (reciben el 11,5 % de las ayudas).

Objetivo n. 3, apoyar la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación y empleo (agrupa a los actuales objetivos 3 y 4), actúa fuera de las zonas subvencionables del Objetivo 1 (les corresponde el 12, 3% de las ayudas).

 

2. Galicia en Europa: el Fondo Social Europeo

En su nacimiento la Comunidad Europea se constituye como una "comunidad de Estados y de pueblos pero no de regiones" (Margellos, 1997: 29), los textos constitutivos de las Comunidades Europeas no definen el concepto región ni los objetivos a conseguir en el campo de la Política Regional, aunque como afirma el profesor Celestino del Arenal "Europa desde el principio se definía, por la unidad y la diversidad, por la existencia de una relación dialéctica entre la tendencia hacia la unificación y la tendencia hacia la diversificación" (Arenal, 1987: 12).

En este proyecto, el camino hacia la integración europea ha ido articulándose a través de la doble perspectiva supranacional y regional. La perspectiva regional se ha orientado fundamentalmente hacia el desarrollo económico armónico de las distintas regiones, pero este enfoque ha ido paralelamente acompañado de una tendencia hacia el reconocimiento de la autonomía de los distintos espacios regionales que componen Europa. En palabras del profesor Argimiro Rojo "los europeos quieren la integración, pero también desean la autonomía regional" (Rojo, 1996: 11).

La Comunidad Autónoma de Galicia se integra en ésta todavía desnivelada Europa de regiones, tanto desde la perspectiva socioeconómica como desde el diferente nivel de desarrollo autonómico que caracteriza a los distintos Estados integrantes de la actual Unión Europea (UE), donde conviven estados en los que los gobiernos regionales son débiles o inexistentes, como es el caso de Grecia o Portugal y estados con un elevado nivel de descentralización regional, como Alemania o el caso de España. Son precisamente las diferencias económicas, políticas y sociales de las distintas regiones europeas las que abonan la idea de que Europa es una tierra de regiones.

Galicia se sitúa en la periferia, en el sudoeste de una Europa que se extiende hacia el este, ocupa un 0,9% su territorio y uno de los últimos puestos de las 183 que tiene la Europa comunitaria, se encuentra entre las 30 regiones últimas en PIB per cápita y ocupa el lugar 23 en tasa de desempleo. Es fronteriza al Sur con Portugal y limita al Este con otras dos regiones objetivo n. 1: Asturias y Castilla-León. Su población representa el 0,8% de los habitantes (2,7 millones de habitantes) de la Europa de los Quince y el 7% del total de la población española.

La mayor parte de la población reside en las zonas próximas a la costa, mientras que el interior registra un proceso de despoblamiento, "son dúas realidades humás ben diferenciadas as que integran o conxunto" (Beiras, 1995) y esta dualidad se manifiesta en una sociedad campesina localizada en el medio rural y una sociedad industrial instalada en el medio urbano, produciéndose un crecimiento de la comunidad urbana en detrimento de la rural. Desde el punto de vista estructural, Galicia se configura como una sociedad de carácter marcadamente rural cuya situación geoespacial de periferia, tanto respecto de España como de Europa, ha venido actuando como freno a la modernización de las actividades productivas. La economía gallega a pesar de haber presentado un atraso con relación al contexto español y europeo se encuentra en esta última década en un proceso de desarrollo que está directamente influenciado por el proceso de crecimiento español.

 

a) Situación del mercado laboral y evolución del empleo gallego

La Comunidad Autónoma de Galicia presenta algunos rasgos específicos en el ámbito laboral. La tasa de población activa (48,03 %) es ligeramente inferior a la media española (49,99 %) y se aproxima a la registrada en la Unión Europea. Sin embargo, las tasas de desempleo (17,3%) aunque son un poco más reducidas que en el conjunto de las regiones españolas (18,8%), se alejan claramente de la tasa media de paro de la UE (10,2 %).

El número de parados en Galicia se incrementa a partir de 1977, alcanzando sus cifras más altas en 1986. Es entonces, a partir de mediados de los años ochenta, cuando se produce una expansión de la economía gallega que se explica en el marco del contexto no sólo nacional, asentamiento de la democracia española e integración de España en la CEE, sino internacional motivado por los efectos de la crisis de 1973 hasta 1986 (150.000 parados) fecha en la que se produce una disminución de los precios del petróleo que beneficiará a la recuperación de la economía.

En cuanto a la situación del mercado laboral gallego y, en concreto a las tasas de ocupación y actividad por sectores productivos, hay que señalar la importancia relativa que continúa manteniendo el sector primario, a pesar de haber disminuido la ocupación desde el 40% en 1986 hasta el 29,8% en 1993.

La economía gallega presenta a lo largo del siglo XX una escasa capacidad para generar empleo fuera de la agricultura, la escasa industrialización de la región gallega implica que el número de empleos no agrarios por cada mil habitantes haya sido en Galicia inferior al del conjunto de España y muy inferior al europeo. Esto va a tener dos consecuencias importantes que son en un primer momento la emigración gallega y en uno posterior el paro.

Como explica Mª del Carmen Guisán en su análisis sobre el empleo en Galicia "cuando la economía gallega crece a un ritmo importante se produce un incremento del número de empleos no agrarios y un descenso de empleos agrarios, debido a que el aumento del empleo en otros sectores productivos facilita el trasvase del exceso de población ocupada en el sector agrícola a otras actividades. Este trasvase posibilita un incremento de la renta real media de los demás agricultores, y en conjunto es positivo para la economía gallega" (Guisán, 1990: 13). De aquí la radical importancia que va a tener para el país gallego el proceso de desagrarización de las dos últimas décadas.

El nivel de industrialización de Galicia, aún habiéndose triplicado en el período 1965-89 es bastante bajo en comparación con el correspondiente al de los países de la UE. Lo mismo se puede afirmar del sector servicios. A pesar de ser un sector que ha venido desarrollándose en los últimos años presenta en comparación con los países europeos, un nivel menor de actividad y empleo, en relación con su población, y una débil presencia de actividades del sector terciario avanzado.

 

Elaboración según cifras de la EPA 1998

Durante las dos últimas décadas se ha modificado la estructura productiva de la economía gallega. La estructura de los cambios radica en el paso de una economía con un fuerte peso del sector agrícola a una economía más industrial y prioritariamente más terciarizada, motivada principalmente por el crecimiento del sector público. La población ocupada en el sector agrario pasa de 383.100 personas ocupadas en 1989 a 181.700 en 1998 lo que representa una caída del empleo agrario en -52%. Esto se ha producido con un saldo negativo con respecto al empleo, puesto que durante éstas dos últimas décadas en Galicia se ha destruido más empleo del que se ha creado, ya que la destrucción de empleos en el sector primario no ha sido absorbida por el resto de los sectores (Collado y otros, 1998: 49).

 

b) Galicia y el Fondo Social Europeo

La Unión Europea va a disponer de los Fondos Estructurales como principal instrumento financiero para resolver los problemas de las regiones mediante la concesión de ayudas y préstamos, es decir, contribuir a la cohesión económica y social, debido a que las disparidades regionales constituyen un obstáculo estructural importante para la estabilidad económica y política de la Unión.

El FSE creado en 1958 ha sido sin duda la principal medida comunitaria llevada a cabo para paliar los problemas de desempleo derivados de la misma construcción europea. Martín Valverde habla de "desajuste terminológico" (Martín, 1986: 16) entre la denominación de este organismo y su campo de acción que se limita a la política de empleo. Esto va a ser así hasta la actualidad. No se trata, por tanto, de un fondo social sino de un fondo de empleo. De tal manera, el FSE no responde al conjunto de las distintas necesidades sociales de la Comunidad, sino que sus objetivos están vinculados casi de una forma exclusiva al empleo y la formación profesional. Si bien, como el mismo indica no se puede negar al FSE su cualidad de "social", ya que es incuestionable el carácter social del fondo materializado en sus objetivos y criterios de aplicación. El FSE no sólo es el principal instrumento financiero de la política social comunitaria, si no que además, sus objetivos son claramente objetivos sociales.

El FSE - así como los demás Fondos Estructurales- existía como instrumento cuando en 1986 España y Portugal se adhieren a la Comunidad. Pero la incorporación de estos dos nuevos países va modificar sustancialmente el escenario regional, ya que con su entrada se duplican el número de habitantes en regiones desfavorecidas, regiones objetivo 1 (aquellas con un PIB por habitante inferior al 75% de la media comunitaria) y en un 30% el número de desempleados (Maesso y González, 1999: 80).

Las características económicas y sociales de Galicia la situaron (junto con casi la totalidad del territorio español, Portugal, Grecia, Irlanda, sur de Italia) entre las regiones del objetivo 1 beneficiarias de recursos financieros de la Unión Europea canalizados a través de los Fondos Estructurales comunitarios. Esto implica a efectos prácticos la aplicación de las ayudas que provienen de los tres Fondos en un régimen preferente, además el porcentaje de participación comunitaria en la financiación puede llegar a ser hasta de un 75% frente al tope del 50% establecido para los casos generales.

La colaboración entre organismos públicos de distinto nivel de la administración, regional, nacional y comunitario, así como la participación de agentes económicos y sociales en la programación va a ser uno de los principios de las políticas comunitarias. Con respecto al papel que desempeñan las regiones, y en concreto Galicia, en la aplicación y programación del FSE, hay que señalar que hasta 1988, la Administración central va a tener una posición preeminente ante la Comisión Europea sobre los programas cofinanciados por Europa. El FSE aplicaba la regulación particular, desligada de la planificación regional puesto que en esos momentos todavía no existe una coordinación entre los Fondos estructurales. Tras la aprobación del AUE entramos en una segunda etapa de programación que responde a las nuevas previsiones introducidas por la reforma de los Fondos Estructurales de 1988. La programación se lleva a cabo de acuerdo con la clasificación de las regiones y zonas por objetivos. Además, derivado de la necesidad de la reforma de los Fondos surge los Planes de Desarrollo Regional (PDR) elaborados en colaboración con la Comunidad Autónoma, para conseguir la coordinación de las políticas regionales, nacionales y comunitarias.

Esta presencia cada vez mayor en la coordinación y colaboración entre la Administración Central y la Administración Autonómica a la hora de aplicar y programar el FSE se refuerza desde el principio por la consolidación de las distintas Administraciones Autónomas (Galicia se rige desde el 6 de abril de 1981 por su Estatuto de Autonomía, aprobado en referéndum del 21 de diciembre de 1980). El Ministerio de Trabajo creó la "Unidad Administradora del Fondo Social Europeo", que hasta 1988 centralizará la gestión del fondo, hoy en día este órgano de la Administración central cumple una "función de coordinación y apoyo de las actuaciones de canalización de la financiación del FSE que, en gran medida llevan a cabo las Comunidades Autónomas" (Ordoñez, 1997: 246). La participación de la Administración Autonómica en la gestión del FSE (así como de los otros fondos) ha pasado, de esta forma, de un elevado grado de centralización a una creciente participación.

El protagonismo regional tiene un fuerte impulso con la transferencia por parte del Gobierno central a la Administración Autonómica de las políticas de empleo, la nueva situación se va a reflejar de una manera relevante en la ejecución del Programa Operativo FSE de la Comunidad Autónoma Gallega 1994-1999 (sobre todo a partir de 1998) que se inscribe en el Marco Comunitario de Apoyo (MAC) para las regiones españolas objetivo 1 de los Fondos Estructurales. Este Programa Operativo que contempla el conjunto de intervenciones de formación y apoyo al empleo que cuentan con cofinanciación comunitaria, pretendía lograr tres objetivos finales:

1) La mejora del capital humano, entendido como uno de los principales activos para el crecimiento y desarrollo de la economía gallega, a través de la formación continua. Para dicho objetivo se dispone del 34% de los recursos del fondo, concentrados preferentemente en la formación ocupacional para desempleados mayores y menores de 25 años.

2) El desarrollo de acciones de promoción de la innovación y el cambio tecnológico.

3) Incrementar la calidad del sistema educativo gallego, en general (reglado y no reglado), a través de acciones ligadas a la formación profesional educacional, que absorben casi el 50% de los .

Dichos objetivos se deben realizar con la financiación, escasa en términos relativos, del Programa Operativo del FSE para nuestra región. El FSE dentro del conjunto de recursos destinados al Objetivo 1, aplica a Galicia el 0,9% del total del Objetivo europeo, lo que equivale al 2,96% del total de recursos aplicados en el Objetivo 1 de España, y representa el 14,61% del total de Fondos estructurales del programa regional de desarrollo.

La pequeña dimensión financiera que supone el fondo en relación con el problema a resolver y las carencias estructurales de nuestra región, moderan en gran medida el impacto socioeconómico del mismo. Por otro lado, la falta de una regulación coherente y adecuada que establezca el procedimiento que deba seguirse y que determine los órganos e instituciones implicados (Parlamento, Administraciones locales, etc.) condiciona la escasa participación de los entes locales, limitando la gestión y ejecución de las ayudas al empleo cofinanciadas por Europa a través del FSE.

Aspectos que no deben ocultar, sin embargo, dos efectos clave del FSE. En primer lugar, el papel estratégico que representan los recursos del FSE a corto plazo en la política regional orientada directamente al empleo y los efectos inmediatos que producen sobre los beneficiarios directos. En una economía con las carencias estructurales como las de Galicia el FSE ha combinado las acciones que mejoran la estructura educativa con ayudas directas al empleo, esto ha incidido directamente en los colectivos más desfavorecidos del mercado de trabajo gallego. Y en segundo lugar, la perdurabilidad a largo plazo que supone el priorizar el desarrollo del sistema educativo gallego, mediante acciones de formación profesional educacional. Desde esta perspectiva, se incide positivamente en la preparación hacia los cambios que la economía gallega está realizando para superar sus debilidades estructurales. Y esta es realmente la meta que persigue la aplicación de los estructurales en las regiones menos desarrollas.

 

Conclusiones y perspectivas

Desde un punto de vista general, los estudios realizados sobre la valoración de la programación de los Fondos estructurales mediante esta política de cohesión económica y social reflejan que no han sido capaces de reducir de forma apreciable las disparidades sociales y regionales. Al inicio de la década de los noventa, las diez regiones más pobres de la Comunidad presentaban un PIB per capita que equivalía a sólo el 30 por 100 de las diez regiones más ricas, a pesar del proceso de convergencia entre los Estados miembros. Sobre todo hasta 1988, la política de cohesión e integración regional fue mínima. Desde entonces, los cuatro países de la cohesión han experimentado un desarrollo y una progresiva equiparación con el resto de los países comunitarios. Galicia aunque partía en la parrilla de salida como una de las regiones más pobres, ha mostrado una tasa de crecimiento relativamente alta, su PIB per capita pasó del 55% de la media de la Unión Europea en 1986 al 63% en 1996.

Este desarrollo se vería claramente favorecido si, como sostienen los especialistas de desarrollo regional, la política de cohesión ignorara a la mayoría de la población europea y se concentrara en las regiones más atrasadas de Europa, tesis apoyada por los países receptores del fondo de cohesión (España, Irlanda, Portugal y Grecia).

A pesar de todo, no podemos olvidar los logros conseguidos en el camino hacia la cohesión, ni la trascendencia que tiene en el modelo social europeo que "lo social" haya ido adquiriendo cada vez mayor importancia. En este marco de necesidad de una cohesión económica y social, el FSE ha ido adquiriendo cada vez un mayor papel de apoyo al desarrollo regional. "Lo que en opinión de la doctrina especializada supone que la UE sustituye una estrecha política de protección del mercado de trabajo por una más amplia política de protección global de la fuerza de trabajo o de los recursos humanos" (Montoya, 1994:159).

El futuro del FSE dibujado en la Agenda 2000, garantiza su dotación financiera, aunque la incorporación a la Unión Europa de una serie de Países de Europa Central y Oriental (los PECOs) implicará el recorte de las políticas estructurales. Los Fondos deberán adaptarse a una UE ampliada, en la que las diferencias serán aún mayores que las actuales.

En este contexto de ampliaciones, Galicia se enfrenta a los obstáculos derivados de la difícil situación de partida de la región, en el estreno del siglo XXI, en un entorno caracterizado por los impactos de la tecnología, la apertura de los mercados, la globalización de las economías y la coordinación de los instrumentos de política económica.

El FSE no va a ser la receta mágica que termine con el paro en nuestra región, como ya vimos, la reducida dimensión de las magnitudes del FSE no permiten generar impactos verdaderamente apreciables desde la globalidad de la perspectiva socioeconómica regional. Pero el intenso cambio que la economía gallega viene realizando deberá prolongarse durante los próximos años, en este marco la aplicación de las políticas de cohesión e integración regional ha supuesto una toma de partido hacia la Europa social en la que nos integramos.

 

 

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Autor:
Mónica López Viso

Línea temática:
"Descentralización y Desarrollo Regional" y "Mercado de trabajo, Ocupación y Desempleo"

Tipo de trabajo:
investigación

Institución donde Trabaja:
Universidad de Vigo (España)